Blog_CubaSigueLaMarcha

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lunes, 9 de noviembre de 2015

Corrupción: ¿hasta cuándo?

Corrupción: ¿hasta cuándo?
Justicia 1

concluso para sentencia
 Por Esteban Morales / UNEAC Cuando entre  abril  y  junio del 2010, escribí mis dos primeros  artículos sobre la corrupción, “Corrupción: la verdadera contrarrevolución” y  “El misterio de la santísima Trinidad: corrupción, burocratismo contrarrevolución”, no faltaron quienes me dijeran  que por qué  me metía  en ese tema, que Le  daba armas al enemigo y que el partido quería mantener  bajo la más completa discreción .Me resultaba ciertamente imposible  imaginar  que alguien pudiera pensar de esa manera, ante un fenómeno  tan  peligroso  para el país.
El equipo de trabajo sobre las relaciones culturales entre Cuba y Estados Unidos tendrá disímiles líneas de estudio; su presidente es el destacado investigador Esteban Morales.

Para entonces, nuestra prensa, llamémosla  oficial, no reflejaba  el tema. Ahora, casi tres años después, tampoco lo hace. Apenas salen algunas pequeñas referencias de cosas que no les queda más remedio que publicar. De todas maneras, la gente está enterada, porque como decían siempre mis abuelas,  “Entre cielo y tierra no hay nada oculto”. Mucho menos en el mundo de la fibra óptica y  de los satélites de la  información. Una prensa alternativa, que se apoya en los blogs, los correos electrónicos  e internet e  informa sistemáticamente sobre todo lo que la prensa cubana no pública.

Pero porque nuestra prensa, a pesar de lo avanzada  que esta la atención que presta el gobierno  al tema de la corrupción,   no refleja apenas nada sobre la misma? Solo en una ocasión, hace ya algún tiempo, se dieron a conocer causas  seguidas, condenas y nombres de los juzgados.

Ahora se conoce que hay cientos de procesados,  por múltiples causas de corrupción, qué han llegado incluso a cambiar la composición racial y social  de los implicados,  pero no existen detalles  que nos permitan conocer cómo van los procesos  y mucho menos,  los nombres de los que se encuentran  bajo esa condición.

¿Por qué se insiste en mantener bajo un “manto de discreción informativa” los procesos que tienen lugar? ¿Quiénes se benefician con eso?

No olvidemos además,  que esta la corrupción, pero también  acompañada por  los privilegios  de que gozan algunos, que se han acostumbrado a vivir de los recursos del estado, como si les perteneciesen. A  esos  hay que llegar también,   porque se crean  hábitos  de usufructo, que pasar de ellos  a la corrupción no  es  difícil.

Creo que lejos de  estar  frente a   una cuestión de discreción, o de secretismo,  que ya no tiene razón de ser, pues se trata de “un secreto  a voces”, me parece que la actitud de nuestra prensa  ya da lugar a ciertas   sospechas.

¿Acaso  es,  de que a pesar de las constantes  críticas de Raúl Castro, existe alguien, en algún nivel de la estructura de dirección,  con poder,  interesado en que el tema no se divulgue? ¿Tendremos algún topo infiltrado? Vivimos un momento muy complicado, una verdadera encrucijada, como para tener al enemigo dentro de nuestras propias  filas.

 Muy interesante además  resulta,  que  desde Barcelona han aparecido voces, de un Sr. llamado André Mari Domingo, criticando  que se esté  atacando tanto a la corrupción. Sería bueno saber cuáles son sus amigos  en Cuba.

No  creo que se  esté  cometiendo ningún error con librar una guerra contra la corrupción y contra los corruptos. Porque estos últimos ya hace mucho que decidieron de qué lado están. Se trata de enemigos de la Revolución y con ellos no se puede tener la más mínima  condescendencia.

Recientemente, el País ha   recibido un reconocimiento internacional   por el trabajo que se viene realizando contra la corrupción. Pero no debemos dejarnos impresionar  demasiado.  Aun nos resta mucho camino por recorrer para decir que tenemos a la corrupción bajo control. Creo que tanto en los métodos que utilizamos como en la participación debemos avanzar mucho aun.

La impunidad y la  facilidad con que declaran,  los propios corruptos, en los videos,  haber logrado apropiarse  de los recursos del estado, infunde  temor, ante el grado de descontrol que  se ve ello lleva implícito. Así como el nivel de comprometimiento que tales hechos han implicado. Observándose claramente, la existencia de una burocracia administrativa, que  se deja sobornar con  extraordinaria facilidad. Viéndose  también, que se trata de mecanismos  que funcionan durante largo tiempo y con muchas personas implicadas, lo que conforma   verdaderas   redes,  que no pueden ser  desarticuladas,  hasta que elementos ajenos al círculo de relaciones creadas   no penetran, rompiendo algún eslabón de la cadena.

  Ello  se debe, sin dudas, a que el más desmedido  soborno desempeña un papel  fundamental,  para  que estos mecanismos de corrupción operen durante tanto tiempo. Por lo que cuando son descubiertos, ya las pérdidas son cuantiosas y  prácticamente irrecuperables, dejando un lastre  moral  y político,   que  ha corrompido y  contaminado  hasta sus cimientos la estructura de la entidad en cuestión. De modo que por lo general,  poco  es salvable,  porque aun aquellos que no se  hayan beneficiado de manera directa;   o esperaban su oportunidad para beneficiarse,   o convivían con la situación sin tener capacidad   física y  moral para detener el proceso.

Por eso,  en uno de mis artículos, al referirme a este  proceso, apuntaba, como ya  ahora se muestra,  el mercado que está funcionando, fuera de los márgenes físicos del supermercado estatal,  donde  a la entrada del mismo, varios individuos, proponen las más disimiles mercancías, desde aires acondicionados, hasta  muebles,  pintura, piezas de repuesto, y otros, que a veces no están en venta oficial.

Este mercado de afuera, no es  más que una extensión privada,  del propio mercado estatal  que funciona dentro. Los que controlan este mercado, diríamos marginal, son simples empleados, de los que desde adentro le suministran las mercancías, que no salen sino de los propios almacenes estatales. Porque como también decía, ni esas mercancías que se proponen a las puertas del supermercado pueden salir e los paquetes que vienen de Miami, ni los que las venden fuera cuentan con los mecanismos para importarlas.

Luego no se trata de una simple venta ilegal, ni de algo robado, sino más que eso. Se trata de que los propios funcionarios estatales, encargados de vender las mercancías, que  las  trasladan al  otro mercado, donde ellos son los dueños. Pudiendo incluso operar con precios preferenciales a su favor, sobre todo  con   aquellas mercancía  escasas, que en cuanto llegan, desaparecen rápidamente, para poder ser vendidas en bolsa negra.

Tal mecanismo corrupto, no pueden dirigirlo sino aquellos funcionarios estatales, que son los que reciben las mercancías, controlan sus existencias en los almacenes y cuentan con los dispositivos  administrativos, que les permiten  mantener dos mercados, el del estado y el propio. Pudiendo además, dentro de la misma tienda  estatal, alterar los precios, lo cual solo puede hacerse en coordinación con  empleados internos.

Salvo el llamado fraude por  las mermas, que no son tales a veces, tal mecanismo es indetectable financieramente. Porque  en los controles oficiales  nunca aparecerían los precios a los que las mercancías han sido realmente vendidas;  eso solo lo sabe el que compra, que será “multado”, respecto   los precios a que las mercancías debieron ser  oficialmente vendidas.

Sin embargo, el ciudadano nunca podrá estar seguro  si el precio a que está comprando, dentro  o fuera, es el verdadero precio que tiene la mercancía, porque ese nunca aparecerá, ese lo guarda el funcionario, para saber cuánto puede ganar,  que es lo que debe repartir a sus socios  de fechorías y cuánto debe   entregar al estado, para que el fraude no pueda ser detectado.

Por tanto,  la corrupción  contamina toda  la estructura  estatal de gobierno y la política, deviniendo en un problema de seguridad nacional. Por lo que como tal debe ser atacada, atendida por la estructura gubernamental y política y penada,  con todo rigor, por la estructura legal.

Se trata de un fenómeno, que requiere un tipo de penalización,  que impida a toda costa la reincidencia, la reanimación de las  relaciones que lo  engendran,  así como  la imposibilidad de que entre  en los marcos  de una conexión con la delincuencia internacional. De no lograrse mantenerla bajo control en el ámbito nacional, este mecanismo corrupto,  hace causa común con el narcotráfico, el comercio  ilegal de armas, las mafias, el contrabando de personas  y hasta con  el terrorismo de estado.

Quienes se habitúan a vivir a costa de los bienes del estado, acumulando con impunidad e indetenidamente dinero,  riquezas y poder, de manera ilegal, no se detienen ante ninguna frontera que le  limite la posibilidad de la vida fácil, colmada de riquezas y poder. Por lo que la corrupción, de no poder ser detenida, puede llegar al crimen y hasta el magnicidio.

Por tanto, la posibilidad de detener la corrupción debe basarse en un sistema de participación colectiva. Pues no es suficiente  ningún aparato  burocrático para combatirla.  Dado que  la tendencia de la burocracia es a hacer causa común con la corrupción. Autoimponiéndose límites y estableciendo compromisos,   mientras a más alto nivel se tropieza  con la corrupción. Por lo que  junto a los dispositivos estatales y de gobierno que combaten  la corrupción,  deben estar los trabajadores organizados,  defendiendo los rigores del tratamiento a la corrupción, fiscalizando  los procedimientos, sirviendo de contrapartes a los funcionarios estatales y de gobierno, evitando la penetración de los mecanismos de control y  exigiendo la transparencia  en los procedimientos.

No es ningún secreto,  que la burocracia  resulta ser  corrupta por su propia naturaleza;  tiende a usufructuar los bienes estatales como si les pertenecieran  y en medio de esa confusión, de la que no nos hemos librado aun,  entre propiedad estatal y propiedad social, la burocracia inclina más las cosas hacia el ordeno y mando,  disponiendo  de los bienes estatales,  administrándolos,  e incluso,   disfrutando  de ellos, olvidando, no pocas veces, que los bienes son del pueblo,  son propiedad social  y no de ningún estado  o gobierno en particular.

Por lo que los trabajadores no deben permitir, que ningún organismo burocrático luche solo contra la corrupción, sin la  explicita participación y fiscalización de sus organizaciones.

La Habana, Noviembre 8 del 2015




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