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miércoles, 11 de octubre de 2017

España: La democracia conveniente

España: La democracia conveniente / Profesor José Echemendía Gallego / Universidad de Sancti Spíritus
Que el concepto de democracia se remonta a la civilización griega, es algo que cualquier bachiller conoce, es más, podría hacerlo cualquier escolar de nivel secundario; no obstante creo útil para el lector refrescar lo más apegado a las esencias, para que no primen las aberraciones que sobre el particular han impuesto las matrices más retrogradas de la derecha internacional.
De acuerdo con el sitio Definición  (https://definicion.de/democracia/): “El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos (que se traduce como “pueblo”) y kratós (que puede entenderse como “poder” y “gobierno”). La noción comenzó a ser empleada en el siglo V A.C., en Atenas.”
Según la propia fuente en la actualidad, “… se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros.”
Sin embargo, el ejercicio libre y soberano de un importante grupo de ciudadanos de la Comunidad Autónoma española de Cataluña, cerca de 5 millones de votantes, de una población superior a los siete millones; que se han planteado la independencia de esta región de la nación española, no solo ha sido señalada como ilegal y anticonstitucional, sino que ha sido reprimida desde todo punto de vista.
Primero en los medios, los principales diarios de España desde que fuera conocida la fecha para la consulta popular han arremetido con fuerza contra el gobierno catalán y sus principales dirigentes, las cadenas de televisión y radio oficiales, de igual manera lo hicieron las autoridades policiales con allanamientos y requisas de documentos y material que sería empleado en la votación; pero las palmas se la llevó la Guardia Civil cuando el domingo primero de octubre arremetió violentamente contra los ciudadanos que solo pretendían acudir a los diferentes centros dispuestos para el ejercicio de la consulta.
Más allá de lo que refrenda la Constitución Española en su Artículo 2:

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”, en un estado democrático debe respetarse el interés manifiesto de una mayoría y considerar el derecho a expresarse sobre este de forma pacífica y cívica.
Los que  violaron lo dispuesto en la Constitución española fueron las autoridades de gobierno que ordenaron la represión violenta (sino cómo se explica la presencia de más de 800 heridos) para impedir que los ciudadanos se pudieran expresar con entera libertad, porque seguramente habrían catalanes a favor de la independencia y en contra de esta, de hecho, los resultados de la votación así lo demuestran (el 90 % de las papeletas avalan la secesión, 2.020.144; él no logró 176.666 votos, un 7 % del total, el 0,89 % de los votos han sido nulos; y en blanco, el 2 % (45.686); sin embargo la Guardia Civil hizo todo lo posible por impedirlo –y lo consiguió en alguna medida- pasando por encima de lo que valida la magna ley en su Artículo 139:
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 
    
El gobierno de Mariano Rajoy se empeña en apañarse con argumentos jurídicos, cuando en realidad todo se trata de un serio e importante problema político.
Cabría preguntarse qué habría pasado que si las autoridades iraquíes hubieran reprimido violentamente a los ciudadanos kurdos que fueron a las urnas a decidir lo que desean, el gobierno iraquí también desaprueba el referéndum, pero su actitud ante la realización de la consulta fue muy diferente.
Rajoy y su gobierno se rasgaron las vestiduras ante el proceso de la Constituyente en Venezuela, proceso genuinamente democrático y contemplado en la Constitución de ese estado, y cuando se realizó la votación que culminó con la victoria de las fuerzas revolucionarias bolivarianas, inmediatamente declararon al mundo: “El Gobierno de España no otorgará validez a la Asamblea Constituyente.”, y su presidente “… esbozó la posibilidad de estudiar medidas contra Caracas”.
Con esa doble moral no se puede pretender ser respetado en política. Señor Mariano Rajoy, usted es realmente una caricatura de presidente, pobre España. 

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