Penalizando protestas en la era trumpiana / Juana Carrasco Martín / JR
Washington, acostumbrado a juzgar a los demás, dicta leyes a nivel de la nación y de los estados que contradicen su pregonada defensa de los derechos humanos y civiles
La policía neoyorquina detuvo el pasado 19 de junio a más de una docena de activistas contra las bombas nucleares porque se manifestaron frente a la Misión estadounidense ante las Naciones Unidas.
Las fotos de Reuters no muestran en ningún momento la «conducta desordenada» que alegaron las autoridades para arrestarlos, como no sea que cantaron «Estados Unidos únete a las conversaciones, prohíbe la bomba», cuando protestaron por la decisión del Gobierno de Donald Trump de boicotear las negociaciones sobre el Tratado de prohibición de las armas nucleares que tienen lugar en la Organización de las Naciones Unidas.
La manifestación estuvo durante diez minutos —599 segundos—, frente a la puerta del edificio de la entidad diplomática antes de que la policía se los llevara esposados como peligrosos criminales, luego de advertirles repetidamente a los manifestantes que serían arrestados si no se dispersaban.
Reuters informó que la embajadora de EE. UU. ante la ONU, Nikki Haley, anunció en marzo que su país, el Reino Unido y Francia, entre otros 40 países, habían decidido no unirse a las conversaciones, las que ahora están en su segunda ronda en las Naciones Unidas.
En diciembre pasado, por 113 votos a favor, 35 en contra y 13 abstenciones, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para «negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, llevando a su eliminación total», y pidió a todos los miembros de la comunidad internacional participar en la negociación.
Sin embargo, esta es la respuesta de Estados Unidos: reprimir a quienes exponen su posición pacifista y de total responsabilidad ante la seguridad del mundo.
La hipocresía de quienes tratan de buscar la paja en el ojo ajeno sobre supuestas violaciones a los derechos humanos, no ven su viga, pero la dejan ver con esta represión.
No son pocos los ciudadanos estadounidenses que son detenidos, encausados y condenados a meses y años de prisión por manifestarse contra las políticas belicistas y el fomento imparable de los arsenales guerreristas de Estados Unidos.
Conculcada la primera enmienda
Cientos de manifestantes, arrestados durante las protestas que se extendieron por casi todo el país que «saludaron» la inauguración del actual mandatario con #TrumpnoesmiPresidente, pudieran recibir largas penas de prisión, según reportó Al Jazeera. Ese 20 de enero, solo en la enorme manifestación que tuvo lugar en Washington D.C. 230 personas fueron detenidas, indiscriminadamente, cuando el bloque de anarquistas y antifascistas chocaron con la policía.
La «justicia» fue expedita y al siguiente día, la mayoría de los arrestados fueron acusados de delitos graves por disturbios, en busca de una sentencia máxima de 25 000 dólares de multa y diez años de prisión.
Sin embargo, agregaba la información, a finales de abril la Corte Superior del Distrito de Columbia incrementaba el nivel de la causa contra 212 de los manifestantes, con cargos mucho más graves como instar al motín, conspiración para los disturbios y destrucción de la propiedad, por lo que elevaban la solicitud de condenas a 80 años para esos manifestantes y 70 años para el resto de los encartados en las acusaciones policiacas, incluidos periodistas.
Agrega el canal que algunos hicieron trato con las autoridades en busca de sentencias significativamente más cortas, pero más de 130 llegaron entre ellos a un acuerdo de «puntos de unidad» para evitar cualquier forma de cooperación con la policía.
Olivia Alsip, una de las encausadas, declaró a Al Jazeera: «Me pregunto si mi cumpleaños 24, que será la próxima semana, sea el último como persona libre»; y agregaba: «Nuestra experiencia durante la custodia policial (el día de la detención) fue totalmente deshumanizante. Fuimos tratados como animales y se negaron nuestros derechos humanos básicos y nuestra dignidad».
Es evidente que estas sentencias tan duras están dirigidas a «sofocar la resistencia», como señalara uno de los manifestantes al canal televisivo, y recordaba que no era coincidencia «esta represión con la primera manifestación visible de resistencia al régimen de Trump».
Sin embargo, no han cesado las protestas y son muchas las razones, todas ellas relacionadas con la agresión hacia los derechos civiles y humanos que emanan de las políticas que están siendo aprobadas o anunciadas, endurecimiento de la persecución a los inmigrantes, eliminación de la ley de atención a la salud conocida como Obamacare, los recortes en programas sociales o su eliminación, el aumento de los gastos militares, el rechazo a los acuerdos sobre el cambio climático y la apertura de la geografía estadounidense a las industrias contaminantes, por citar algunas decisiones del nuevo administrador del imperio que atentan contra los estadounidenses.
En sentido general, la gran prensa ha soslayado esta fuerte represión a quienes disienten de las decisiones de la Casa Blanca trumpiana, y con razón Alternet comentaba que las acciones legales están sentando un peligroso precedente e infringen los derechos establecidos en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe crear cualquier ley que interfiera en la libre práctica de cualquier religión, la libertad de expresión, de prensa y de reunión, y solicitar compensación por cualquier agravio gubernamental.
A mediados de esta semana se produjo otro incidente más agraviante y deshumanizado. Un grupo de personas con discapacidades intentó protestar en el Congreso ante las oficinas del líder de la mayoría senatorial, el republicano por Kentucky, Mitch McConell, quien dirige la nueva ley de cuidados de salud escrita en secreto por legisladores de su partido, y en la que se prevé una disminución de los presupuestos de la salud que les afecta.
Probablemente 24 millones de personas queden sin seguro médico y el espaldarazo a los seguros privados les hará llegar miles de millones de dólares a esa poderosa industria.
Los manifestantes, muchos de ellos en silla de ruedas, fueron desalojados a la fuerza por la policía del Capitolio y según Huffington Post, en fotos y videos vía Getty, se pudieron apreciar gotas de sangre en el piso de la galería. Las imágenes son más que elocuentes y se hacen innecesarios los comentarios sobre semejante atropello en el que fueron arrestados al menos 20 manifestantes.
Otras vueltas de tuerca
Como las manifestaciones, protestas y acciones de desobediencia civil siguen en aumento, ya se han pronunciado 18 de los 50 estados de la Unión: han propuesto unas 30 leyes para suprimir las demostraciones y llevan el incremento y la expansión de las penalidades a los manifestantes o por determinadas actitudes o acciones durante las protestas.
Alternet daba a conocer algunas de las medidas. En Missouri se prohíbe el uso de máscaras que cubran el rostro; en Florida, Tennessee, Georgia e Iowa se han presentado leyes para incrementar las penalidades por bloquear el tráfico o entrar en propiedades privadas.
A su vez, la publicación digital Intercept dio a conocer en mayo que la gobernadora de Oklahoma —en el intento de suprimir las protestas contra los oleoductos y gasoductos que agreden el medioambiente y que han sido nuevamente aprobados por la administración Trump—, ha firmado una ley aprobada por la legislatura de ese estado que también incrementa las penalidades y tiene como blanco a grupos y organizaciones ambientales y los acusa de «conspiración» y traspaso de propiedad. Bajo una declaración de «emergencia» la ley entra de inmediato en vigor.
Violar esa legislación supone una felonía que lleva una multa de 10 000 dólares y si la corte determina que entraron en una propiedad con la intención de dañarla, vandalizarla o «impedir o inhibir las operaciones de la instalación» y el supuesto intruso «manipula» la infraestructura enfrenta una multa de 100 000 dólares y diez años de prisión. Si se encuentra que un grupo u organización «conspiró» con el violador de la propiedad también se les multa pero con una suma multiplicada por diez, es decir, con un millón de dólares…
Es evidente que todas esas leyes u ordenanzas obstaculizan la Primera Enmienda y la Unión Americana de Libertades Civiles las ha calificado de «inconstitucionales» y llama a repudiarlas y a luchar contra ellas en las cámaras estaduales para evitar su promulgación o ejecución.
Fuente:
http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2017-06-24/penalizando-protestas-en-la-era-trumpiana/
Publicado por: David Díaz Ríos / CubaSigueLaMarcha.blogspot.com
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